El Diario de Sevilla, 9 septiembre de 2002
La Razón, 23 de diciembre de 2001
El Día, 2 de noviembre de 2001
Consejo de Ministros de viernes, 12 de octubre de 2001
Diario Médico, 2 de octubre de 2001
Diario Médico, 28 de septiembre de 2001
Diario Médico, 21 de septiembre de 2001
Los FEA participantes en la OPE Extraordinaria no comenzarán a tomar posesión de su plaza antes de mayo de 2004
Según estimaciones efectuadas en la última reunión de la Comisión Paritaria de la OPE Extraordinaria, basadas en la situación en la que se encuentran las especialidades de Cirugía Pediátrica y Radiofísica Hospitalaria.
Redacción, Madrid.-Según estimaciones efectuadas en la última reunión de la Comisión Paritaria de la OPE Extraordinaria, celebrada el pasado 21 de octubre, bajo la presidencia del subdirector de Ordenación Profesional, Marc Soler, los FEA participantes en este proceso de consolidación de empleo no comenzarán a tomar posesión de su plaza antes del mes de mayo de 2004, tal como han indicado a EL MEDICO INTERACTIVO algunas de las organizaciones sindicales que participaron en dicha reunión.
Así, según Emilia Díaz, representante de UGT en esta Comisión, "se nos presentó un calendario estimativo, para las categorías de FEA, en base a dos especialidades que están prácticamente ultimadas, como son las de Cirugía Pediátrica y Radiofísica Hospitalaria. A partir de cómo se encuentra la situación en ambas categorías, se calcularon unos tiempos aproximados, ya que, sin lugar a dudas, éstos están sujetos a las reclamaciones que puedan darse por vía administrativa o a otros obstáculos que puedan aparecer".
El representante de la CESM, Tomás Toranzo, ha añadido, en este sentido, que "se ha tomado como referencia esas dos especialidades, al ser de las más fáciles y al registrarse en ellas pocas plazas, las cuales, además podrían servir para ensayar y corregir posibles aspectos que surjan al respecto". "No hay que olvidar -ha insistido Toranzo- en que hasta que no termine la adjudicación de todas las plazas no se podrá tomar posesión, ya que en el momento de que un profesional no esté colocado en su sitio, podría abrirse otro proceso de otros seis meses de duración".
Mientras, para el responsable de CC.OO., Cristobal Gil, "el calendario que se nos ha presentado es absolutamente teórico y poco realista". Gil recuerda, al respecto, que "con planteamientos similares, la ministra prometió antes de verano que la OPE concluiría antes de finalizar el año, promesa que sólo demostraba un total desconocimiento del proceso y de sus posibilidades reales".
Falta de concreción
Según han señalado algunos de estos representantes sindicales,
dicha reunión de la Comisión Paritaria fue adquiriendo un tinte
de preocupación e indignación por parte de éstos últimos
al comprobar que "la claridad expositiva del Ministerio brillaba por su
ausencia, y lo peor es que a estas alturas no se tiene todavía una salida
clara y honesta, con lo cual lo único que se está haciendo es
marear la perdiz", tal como ha manifestado Emilia Díaz. A lo que
Cristobal Gil ha añadido que "no ha presentado ninguna propuesta
por escrito, haciendo un planteamiento totalmente disperso".
En opinión de la sindicalista de UGT, "se está elucubrando mucho, por ejemplo, respecto a la ampliación de plazas cuando es un tema que en el fondo compete a las CC.AA, ya que el Ministerio no es el que dispone de las mismas".
El asunto radica, al parecer, en que se está pendiente de que las CC.AA. del antiguo Insalud detallen las plazas vacantes existentes en cada una de ellas y de cuáles se puede disponer, "sobre lo cual todavía falta información", según palabras de Tomás Toranzo, de la CESM, quien opina que "probablemente, lo que haya que hacer es poner más plazas a disposición del proceso".
Baremación de los servicios prestados
El problema de la no baremación de los servicios prestados de los facultativos
especialistas por vías distintas al MIR fue otro de los asuntos polémicos
abordados en la reunión. Para CC.OO., la solución a este problema
está en "aplicar la Ley 16/2001 de Consolidación y mantener
el equilibrio que en ella se ha plasmado de puntuar todos los servicios prestados
realizados como especialistas, independientemente de la vía de acceso
a la especialidad y, por otro, mantener la valoración de 16 puntos en
el apartado de Formación para el caso de que se haya accedido a la especialidad
por la vía MIR".
"Esta aplicación legal pasa -según se indica desde este Sindicato- por que el subsecretario del Ministerio resuelva, según derecho y desde la imparcialidad a la que está obligado, todas las reclamaciones presentadas por estos profesionales, dotando de plena seguridad jurídica al proceso".
Respecto a la ampliación del plazo del proceso, asunto que ya se abordó en la pasada reunión de esta Comisión del 7 de octubre, se acordó entregarles a los sindicatos el texto de la enmienda que se pretende introducir en la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social de 2004. Así, se pretende incluir dos disposiciones que, por un lado, autoricen dicha ampliación y, por otro, suprimir la simultaneidad en la celebración de las entrevistas, dentro de la fase de provisión, para que un especialista pueda formar parte de más de una Comisión Delegada, si así se precisa.
En conclusión, las organizaciones sindicales insistieron en acelerar
el proceso, con una mayor asignación de recursos, y que se resuelva definitivamente,
entre otros aspectos, el problema de la valoración de los servicios prestados
de los Mestos, ya que "podría poner en peligro a la OPE Extraordinaria",
tal como ha manifestado el responsable de la CESM, Tomás Toranzo.
Aragón apoya la propuesta realizada, recientemente, en la Comisión de Desarrollo y Seguimiento de la OPE de aplicar un modelo asíncrono que permita avanzar a las categorías que se encuentren preparadas, sin esperar al resto
En una reciente reunión de la Comisión de Desarrollo y Seguimiento de la OPE Extraordinaria, celebrada el pasado 8 de octubre, en Madrid, el director general de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud, Ignacio Escribano, instó al Ministerio de Sanidad a que el proceso de la OPE no se detenga bajo ningún concepto y que "se desarrolle en los plazos que sean necesarios pero con todas las garantías", tal como ha informado a EL MEDICO INTERACTIVO.
Su representante en dicha Comisión instó al Ministerio de Sanidad a que agilice el proceso extraordinario de consolidación de empleo con todas las garantías
El representante aragonés recordó, asimismo, en este encuentro entre las 10 CC.AA. pertenecientes al antiguo Insalud y el Ministerio de Sanidad, la transcendencia de que, finalmente, se desarrolle esta Ley de consolidación de empleo para los interinos de cada comunidad, al considerar que "este colectivo se encuentra en una situación de incertidumbre, a la que se debe dar solución desde el Gobierno central". "El impulso lo dirige el Ministerio, pero los interinos los tenemos en cada comunidad, y es a los representantes y a los gestores sanitarios de cada autonomía, a los que están presionando, cuando el punto final a este proceso, se marca desde Madrid. Por tanto, y pese a que entendemos que el proceso puede ser largo, pedimos que se haga con rapidez y absoluto rigor", según palabras de Escribano.
En cualquier caso, Aragón ha mostrado su voluntad de colaborar con la propuesta presentada por el Ministerio de Sanidad para detallar y desarrollar un cronograma de actuación, con unos plazos concretos, que se podría plantear en la próxima reunión de esta Comisión, fijada, en un principio, para el próximo 20 de octubre. "Lo que es fundamental es que se conozcan las fases y los plazos del proceso", según ha señalado el representante aragonés, quien ha insistido en que "ya que ha de ser largo, por lo menos que sea público y transparente, porque así se evitará la incertidumbre que tienen que soportar los afectados".
El director general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad aragonesa apoyo, asimismo, la propuesta de aplicar un modelo asíncrono, por el que puedan avanzar y desarrollarse las especialidades que se encuentren preparadas sin necesidad de esperar a que se concluya el resto. Para Escribano, este modelo puede ser beneficioso para el proceso en general. "Hay especialidades en las que ya está resuelto el concurso de méritos, y que o no han recibido recursos, o éstos ya han sido resueltos. En estos casos es donde se puede avanzar de forma específica e individual en cada especialidad, y así ir preparándose para la fase de provisión".
En Aragón están convocadas un total de 3.000 plazas dentro del
colectivo de interinos sanitarios y no sanitarios pertenecientes al antiguo
Insalud, de las cuales, 519 plazas corresponden a facultativos especialistas
de área, 65, a Medicina de Familia, 85, a Urgencias y 27 a Pediatría.
CC.OO. MUESTRA SU PROFUNDO MALESTAR POR LA PARALIZACIÓN DEL PROCESO DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIO
Martes 30 de Septiembre de 2003, 17:20. Comisiones Obreras
Para CC.OO. es profundamente preocupante el retraso sin explicación alguna
la actitud del Ministerio de Sanidad en el desarrollo de la Oferta de Empleo
Extraordinaria. Después del golpe de efecto propagandístico de
considerar “Agosto mes hábil a todos los efectos”, que solo
ha supuesto molestias para los afectados y que como ya indicamos en su día,
no ha supuesto ningún avance real en el desarrollo de la Oferta, ahora
asistimos al silencio y la inactividad más absoluta durante todo el mes
de septiembre.
Las causas del retraso que tanta inquietud está generando, se encuentran
en la concepción de la gestión por parte del Ministerio que prioriza
el “marketin político” a la solución de los problemas
reales: en la descapitalización humana y técnica que tiene el
desarrollo y la gestión de OPE (los tribunales carecen de apoyo administrativo
y técnico) y, porque no hay previsiones fiables y se desprecian todas
las aportaciones de los distintos agentes implicados, y de forma evidente de
las Organizaciones Sindicales que este Ministerio solo entiende en sus planes
propagandísticos despreciando el esfuerzo negociador y propositivo que
hemos mantenido y mantenemos. Hace casi tres meses que el Ministerio no se ha
dignado a informar y mucho menos a cumplir los compromisos con el anterior gabinete
que dieron lugar e hicieron posible esta Oferta Extraordinaria.
CC.OO. ha denunciado que no solo se está produciendo una grave paralización,
sino que además las orientaciones que el Ministerio ha dictado para la
baremación de la fase de Selección, por falta de sentido común,
solo ha servido para generar otro conflicto. No es de extrañar que la
paciencia se agote y el colectivo de afectados por tener la especialidad por
vías distintas al MIR, hayan iniciado su protesta activa. Desde CC.OO.
no tenemos más que insistir en nuestro apoyo y coincidencia, siendo el
Ministerio el que puede solucionar este problema que ellos mismos han creado.
Solo la negociación sindical puede dar luz a este falso problema jurídico
que puede desplazar del mercado sanitario de forma definitiva, a decenas de
profesionales facultativos que vienen prestando sus servicios desde hace décadas
en condiciones de calidad y alta eficiencia.
Ante la falta de comunicación normalizada con el Ministerio y de su incumplimiento reiterado, CC.OO. alerta de los problemas que están sin solucionar, y nos tememos que sin prever. La Ley de presupuesto está a punto de ser aprobada por el Consejo de Ministros debería habilitar una ampliación del plazo, de no ser así el 31 de Diciembre la OPE será un cadáver y todos los esfuerzos colectivos una vez más inútiles.
Por otro lado, el diseño de la fase de provisión está en el alero, mientras nuestros gestores se enfrascan en discusiones bizantinas. Todavía esta sin resolver el problema de la simultaneidad de las entrevistas y la aplicación del sistema de resultas. Hay que recordar que hay categorías que ni siquiera tienen la calificación de la prueba selectiva o de la memoria.
El Conflicto de los profesionales afectados por los RD 127/84, 1776/94 y 1497/99, si no hay un radical cambio de actitud del Ministerio, se agravará y generalizará si el Ministerio no deja sus posiciones, sino se dota de recursos al proceso y sino se retoma el diálogo social normalizado.
El SAS espera 200.000 aspirantes para las inminentes oposiciones.
La cuenta atrás para la mayor convocatoria de empleo de la historia arranca
con la publicación de la lista provisional de candidatos a obtener plaza
de especialista.
SEVILLA. Son trece, más Navarra, las comunidades autónomas que se han conjurado bajo la Ley 16/2001 para buscar una solución final al fenómeno de la interinidad en el sistema sanitario público español mediante un concurso-oposición simultáneo y gigantesco. Sólo en Andalucía se espera la participación en las pruebas selectivas de más de 200.000 personas. Y ya ha comenzado la cuenta atrás: la marcó el jueves pasado la publicación en el BOJA de los listados provisionales de los admitidos a las oposiciones de Facultativos Especialistas de Área (FEA), los médicos de los hospitales del SAS.
Los técnicos de las distintos servicios autonómicos de salud barajan como fechas probables para la oposición de los FEA los últimos días de octubre. Suena el día 27: es domingo, único día de la semana en el que es fácilmente negociable con las universidades la reserva de espacios para la prueba, que en Andalucía se celebrará de modo centralizado en Sevilla. Pero aún no hay fecha oficial.
La publicación del listado de los FEA encierra un valor simbólico relevante en este contexto. Son estos médicos (concretamente, algunos del antiguo territorio Insalud) los que iniciaron la presión sindical y política para lograr algo que parecía inconcebible: oposiciones con discriminación positiva a favor del personal interino. Al final, la voluntad política hizo posible que viese la luz el texto legal que lo permite (por una sola vez, como dice la propia ley). Para evitar atascos posteriores -el empantanamiento de la Administración sanitaria estatal por las impugnaciones-, se explicó a los jueces por qué se hacía lo que se hacía. Después, el resto de las categorías profesionales se sumó a esa oportunidad de dudosa legalidad y apetecible a todas luces para el personal no fijo. Andalucía se adhirió de forma un tanto desconfiada al proyecto y finalmente el BOJA del jueves recogía un listado de 4.375 personas que aspiran a una de las 1.841 plazas de FEA. Atrás quedaban meses de negociación tortuosa y varias llamadas a la huelga (algunas se concretaron en paro efectivo) el invierno pasado, con algunos episodios de sainete.
Hasta llegar a las 18.000 plazas que el SAS ha ofertado (algunas de ellas, casi arrancadas a zarpazos por los sindicatos) para todas las categorías profesionales, hay que ir sumando a las plazas de 43 especialidades de FEA las de Medicina de Familia (1.033), ATS (3.083) o Auxiliar de Enfermería (2.105), por citar sólo las más numerosas, incluyendo algunas categorías de nueva creación, como las agrupadas de Celador Conductor o Lavado y Planchado. Las oposiciones de todas las categorías, salvo las de nueva creación y las de Urgencias, están convocadas. Es la relación de puestos de trabajo más variada que existe hoy en día en cualquier empresa española. Con la peculiaridad de que esta empresa, el SAS, genera ella sola más del ocho por ciento del PIB de la comunidad autónoma.
En el SAS, el gran peso de las oposiciones ha recaído sobre la Dirección de Personal. Sus efectivos habituales, más los equipos de refuerzo contratados ex professo, reciben cada día miles de datos en las oficinas adaptadas de un polígono industrial. Según Antonio Cervera, subdirector de este departamento clave, "las oposiciones van a generar más movilidad que la que en principio quizá esperaba la gente. Habrá desplazamientos -señaló-, cambios en la cultura de los centros de trabajo porque la llegada de nuevas personas origina transformaciones".
O sea, los médicos interinos de hospital , para los que se diseñaron las oposiciones, no van a ser inamovibles de las plazas que ocupan ahora, como con cierta ingenuidad se llegó a creer a lo largo de los meses pasados, haciendo de ello bandera de alguna reivindicación: habrá que aplicarse. Porque la puntuación de la oposición tendrá peso real y la entrevista con el tribunal no será una playa.
Los cursos para preparar las pruebas generan un millón y medio de euros
A. PEDROSA.
SEVILLA. Las tasas en concepto de matrícula de los cursos para preparar la oposición de los médicos de los hospitales del SAS podrían superar con largueza el millón y medio de euros en una estimación por lo bajo. Basta cruzar las tarifas con los asistentes cuando, en cualquiera de las numerosas conversaciones de los pasillos hospitalarios, se habla de ello. Sindicatos, colegios profesionales, empresas. Incluso la propia Administración -Escuela de Salud Pública de Granada- está impartiendo esos cursos con contrato económico de por medio. Los cursos pretenden orientar a los opositores sobre la prueba a superar: la redacción de una memoria sobre el puesto de trabajo que desempeñan. Algo pensado, teóricamente, para no dar problemas a ningún interino.
Sin embargo, no existe ningún esquema oficial para elaborar esa memoria. Incluso hay médicos que a estas alturas -constatado en un hospital andaluz- piensan que la prueba de la memoria consiste en elaborar un trabajo en casa, encuadernarlo en la copistería y entregarlo en el SAS.
Despistes aparte y salvo la presunción de calidad de los cursos, la cuestión es que la inminencia de las oposiciones está encontrando su derivación económica, más allá del clásico esquema de las academias y las librerías de manuales.
Un dato más ayuda a comprender al profano algunas de las cosas que ocurren en el mundo sanitario: no todos los médicos han abonado de su bolsillo los 400 euros que puede costar un curso. Inscripciones masivas ha habido por cortesía de las empresas farmacéuticas, interesadas en que las manos que recetan sus fármacos no suspendan la oposición.
La Oferta Pública de Empleo del Insalud y varias CCAA provoca un alud de peticiones
RAFAEL J. ALVAREZ
MADRID.- Octubre negro para los interinos si las cosas siguen como hoy, un
enorme desfase entre los profesionales que quieren examinarse y los puestos
de trabajo que habrá. El Sistema Nacional de Salud dispone de 65.000
plazas en todas las categorías, pero a fecha de ayer había presentadas
323.534 solicitudes de prueba.
La Oferta Pública de Empleo (OPE) extraordinaria, que la Audiencia Nacional
acaba de declarar constitucional, es un invento del difunto Insalud al que se
han ido adheriendo varias comunidades autónomas. Aquella ley anunciada
con satisfacción por la ministra Celia Villalobos en diciembre establece
un periodo de exámenes para consolidar el empleo de una porción
del personal sanitario español que lleva casi dos décadas trabajando
en estado gaseoso, en una interinidad sin opciones de afianzamiento.
Hoy, a cuatro meses de las pruebas que los interinos deberán pasar para resolver el «problema histórico» del que habla el Ministerio, hay casi 300.000 personas que creen cumplir los requisitos para integrarse en el sistema público sanitario, aunque sólo podrán entrar en él unas 65.000, según datos a los que ha tenido acceso EL MUNDO.
Espectacular
La diferencia más espectacular en términos absolutos es la que corresponde a lo que durante años se llamó el territorio Insalud, una extensión de comunidades autónomas cuyas competencias sanitarias dependieron del Estado central hasta el pasado 1 de enero. En ellas, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Murcia y Baleares, la ley de Villalobos ha dispuesto 37.000 plazas para la consolidación del empleo. Pero el número de solicitudes presentadas llega a 283.000, ocho veces más.
Aunque la ley se diseñó para estabilizar el trabajo de los profesionales de las comunidades no transferidas, otros gobiernos autónomos se fueron sumando, tras el apoyo mayoritario obtenido por el texto en el Parlamento.
Así, comunidades que tenían sus competencias desde hacía años asumieron el proceso estatal y engordaron la OPE.
El mayor desequilibrio entre solicitudes y plazas se produce en la Comunidad Valenciana. Allí, 36.298 personas han levantado el dedo para examinarse, pero sólo tendrán un puesto de trabajo estable 4.543.
En Galicia hay 4.000 plazas para más de 5.000 solicitudes. En concreto, habrá 2.223 plazas para médicos, 751 para otros profesionales y faltan unas 1.000 para decidir sobre otras 16 categorías. Sin embargo, 4.236 facultativos y aproximadamente 1.000 profesionales sanitarios ya han advertido de que quieren acudir al examen de octubre. En Andalucía se ofertan 18.000 puestos, aunque no hay cifras exactas de trabajadores que se quieran presentar.
Canarias es la única comunidad que asumió desde el comienzo el proceso del Gobierno central, pero que aún no ha aprobado su Oferta Pública de Empleo.
País Vasco y Navarra apoyaron en su día el proyecto, pero manejan una fechas distintas e independientes del resto de comunidades.
Por último, Cataluña ni siquiera construye en su territorio una OPE, por lo que queda fuera del problema de interinidad.
¿Por qué este desfase de cifras? Fuentes del Insalud dicen que la convocatoria ha sido «abierta» a todos los españoles «para no incurrir en inconstitucionalidad» y eso ha hecho que muchos trabajadores se hayan presentado estimando que cumplen con las condiciones necesarias para acudir al examen.
Sin embargo, lo que fue el brazo gestor del Ministerio de Sanidad en 10 comunidades autónomas hasta hace seis meses matiza que quienes tienen más posibilidades de entrar en el sistema para siempre son «aquellos interinos que llevan muchos años esperando una consolidación de plaza, que no han tenido la oportunidad de hacer un examen».
Antes de ser declarada constitucional por la Audiencia Nacional, la ley fue recurrida por 628 personas. Presentaron 171 recursos contencioso-administrativos y 258 recursos de reposición.
Se basaban en criterios de baremos, en la inexistencia de un concurso de traslado previo para los médicos de familia, en la puntuación diferenciada que se obtendrá en función de cada comuniad autónoma y, en lo que se refiere a urgencias, el hecho de que a los médicos se les mida por formación y a los enfermeros por experiencia.
El Servicio Andaluz de Salud convoca este año la mayor oferta pública
de empleo desde su creación, con más de 18.000 plazas
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto por el que se establece el proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), a fin de posibilitar la convocatoria de más de 18.000 puestos de trabajo el próximo mes de marzo, en la que será la mayor oferta pública de empleo desde la creación de este organismo.
Con este decreto se da respuesta al acuerdo suscrito el pasado 26 de septiembre
entre el SAS y las organizaciones sindicales UGT, CCOO, CSIF y Cemsatse para
hacer frente a la inestabilidad derivada de la alta proporción de personal
temporal en las plantillas de muchos centros sanitarios. En virtud de dicho
acuerdo, Andalucía se adhiere también al proceso extraordinario
previsto en la Ley 16/2001 de consolidación y provisión de empleo
en el Sistema Nacional de Salud.
Los más de 18.000 puestos de trabajo que se sacarán a concurso
suponen el 95% de las plazas vacantes
en hospitales y centros de atención primaria. De ellas, 7.419 corresponden a personal no sanitario, 5.921 a personal sanitario no médico y 4.661 a personal médico y del grupo A (licenciados). Su cobertura se realizará mediante un concurso oposición abierto a todas las personas que reúnan los requisitos exigidos para cada puesto. Las pruebas, que se realizarán en torno al mes de junio con una participación prevista de alrededor de 800.000 candidatos, constarán de una memoria de actividad para las plazas de del grupo A y de un examen tipo test con 20 preguntas para el resto de categorías profesionales. La evaluación final se completará con un baremo de méritos.
La Junta convoca la mayor oposición de la historia autonómica para cubrir 18.000 plazas en el SAS
El Gobierno andaluz calcula que 800.000 personas se presentarán para
cubrir las plazas vacantes
Más de 18.000 plazas de la sanidad pública andaluza serán
ocupadas por empleados fijos en el plazo de un año y medio, una vez concluya
el proceso de concurso oposición libre que la Junta va a convocar antes
de que acabe febrero. El SAS ha calculado en 800.000 los opositores, que, procedentes
de todo el Estado, podrían presentarse. Con esta Oferta Pública
de Empleo (OPE) Andalucía toma la iniciativa y se adelanta a otras comunidades
autónomas como Galicia, Valencia y Canarias, que también se adhirieron
a la ley extraordinaria de Consolidación y Provisión del empleo
en el Sistema Nacional de Salud (SNS), promovida en noviembre pasado por el
Gobierno y aprobada en el Congreso de los Diputados.
El acuerdo alcanzado 'por unanimidad' entre la Junta y los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad (CCOO, UGT, Sindicato Médico Andaluz, CSI-CSIF y SATSE) supone la convocatoria del 95% de las plazas vacantes del SAS. Por categorías, 'al margen de ajuste de última hora', según matizó ayer Rafael Burgos, director general de Personal del Servicio Andaluz de Salud, la convocatoria prevé sacar a concurso 7.419 plazas para profesionales no sanitarios, 5.921 para enfermería y 4.661 para el grupo A, es decir, para licenciados, entre los que cabe citar facultativos especialistas, odontoestomatólogos, psicólogos y técnicos de la Administración.
La convocatoria de la OPE, una vez concretadas las plazas, será remitida al Consejo de Gobierno en las próximas semanas. Una vez aprobado por éste, su publicación en el BOJA se anuncia para el final de febrero o primeros de marzo. Según Burgos, la convocatoria lleva implícita 'la necesidad, imprescindible, de que todas las autonomías que se han adherido al proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas del personal estatutario del SNS se coordinen'. De este modo, aclara Burgos, 'se evitará el trasiego de opositores de unas comunidades a otras repitiendo oposiciones'. Por eso pide al Gobierno que cumpla los plazos fijados en la ley y agilice el proceso para todas las autonomías convoquen su OPE correspondiente.
El objetivo del SAS es que los ejercicios comiencen en junio y, si estos no concluyesen antes de las vacaciones de verano, se retomarían en septiembre. El plazo que marca la ley es de 18 meses a partir del momento en que aparezca la oposición convocada en el BOJA.
Así pues, nadie duda que las pruebas serán simultáneas en todas las comunidades autónomas. Una comisión de coordinación, creada con miembros de la Administración central y de las autonomías, se viene reuniendo cada quince días para estudiar la logística y aquellos mecanismos que eviten problemas y 'atascos' entre esos cientos de miles de opositores que, se supone, van a desplazarse de un lugar a otro para opositar. Nadie se atreve a dar cifras sobre el total de personas que van a presentarse. Las plazas vacantes a cubrir superarán las 60.000 en todo el Estado. Sólo para las 18.000 andaluzas el SAS ha estimado que habrá en torno a 800.000 solicitudes.
Examen en tres fases
Las pruebas de examen se desarrollarán en tres fases. La primera consistirá en una oposición que, en principio, podrían superar más interinos que los que luego obtuviesen la plaza. La segunda consiste en un concurso de méritos que, ya sí, sólo superará un número igual de aspirantes al de plazas. Finalmente, en la tercera y última fase se asignarán las plazas disponibles según las solicitudes de traslado y los méritos.
Los servicios prestados, es decir, los años acumulados de trabajo, puntuarán tres veces más para los trabajadores del SAS que para aquellos otros que, procedentes de otras autonomías, se presenten a la OPE andaluza. Esta medida es común para todas las autonomías. Así lo estipula la ley. Se ha previsto esta norma para 'animar' a que los opositores concursen en su propia autonomía y no se desplacen.
La OPE que ahora convoca Andalucía, amparada en la ley extraordinaria para la Consolidación y Provisión de plazas en el SNS, se ha gestado con el acuerdo unánime de fuerzas políticas y sindicales. Sólo pende sobre ella un temor que nadie se atreve a citar: las impugnaciones. Si bien es cierto que la ley ha pasado por todos los filtros jurídicos de las más altas instancias del Estado, no lo es menos que cualquier opositor puede impugnar su aplicación en cualquiera de las convocatorias del concurso oposición de la OPE.
Por su parte, CC OO y el Sindicato Médico, presentes en la Mesa Sectorial, señalaron que 'era un paso importante para consolidar el empleo en la sanidad andaluza'.
SEVILLA. Más de 18.000 plazas, el 95 por ciento de las vacantes. Por si alguien dudaba de la apuesta del SAS por la Ley 16/2001 (extraordinaria, excepcional y cuestionada por serias dudas sobre su constitucionalidad). Y que sea lo que los jueces quieran.
La Administración cuenta con el apoyo explícito de los sindicatos representativos. Desde el pacto del 26 de septiembre pasado hasta la firma del acuerdo del martes, todos están en el mismo barco. Con un pequeño colchón de plazas no comprometidas por si los tribunales bloquean las convocatorias al dar trámite a alguna impugnación, pero con una extensísima porción de carne en el asador en este intento nacional de acabar con la inestabilidad del empleo en la sanidad pública.
Eliminados los obstáculos de los colectivos más sensibles -ha habido cuatro avisos de huelga en dos meses entre los médicos de hospital-, los interinos tienen muchas posibilidades de pasar a ser fijos tras la superación de las pruebas de la convocatoria, cuyo decreto se verá en el Consejo de Gobierno de la semana que viene.
Ayer, el director de Personal del SAS, Rafael Burgos, llevó a la prensa el anuncio del acuerdo sobre las plazas: 7.419 para trabajadores no sanitarios, 5.921 para la división de Enfermería y 4.661 para el grupo de licenciados, fundamentalmente médicos. Preguntado al respecto, reconoció desconocer si el Gobierno central se ha preocupado de explicarle al Poder Judicial la importancia de la excepcionalidad de la ocasión que supone la Ley 16/2001, a pesar de su debilidad jurídica y, por ende, de la vulnerabilidad de las convocatorias que en ella se apoyen. Todo se confía, de momento, a la buena voluntad del personal, que no echará por la borda una oportunidad histórica para la mayoría.
La Ley que en teoría hará fijos a miles de profesionales interinos de todas las categorías sanitarias que trabajan en el territorio gestionado por el Insalud va a tener que sortear una «tortuosa carrera de obstáculos» para que pueda finalmente aplicarse. A la oposición inicial de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) a la norma y a las amenazas de huelga no cumplidas que efectuó contra ella la Asociación Nacional de Facultativos Especialistas Interinos (Anfei), se suman ahora los recursos que han anunciado los médicos de urgencias y los integrados en la Sociedad Española de Medicina familiar y Comunitaria (Semfyc), la principal asociación de facultativos de atención primaria de España. A diferencia de lo que ocurrió en 1997, año en que los tribunales paralizaron la oferta de empleo público dictada un año antes, en esta ocasión la posible paralización de la norma no tendrá que ser afrontada por el Insalud, organismo que desaparecerá el próximo mes de abril, una vez completadas las transferencias sanitarias. Este hecho ha despertado un hondo temor en algunas consejerías de salud autonómicas, ya que serían sus titulares, y no los actuales rectores del Insalud, los que tendrían que hacer frente a las protestas de los posibles afectados, y buscarles soluciones alternativas con cargo a sus fondos.
SEVILLA. El miércoles por la noche, después de tres días de sesiones maratonianas, los diputados de la Comisión de Sanidad del Congreso dijeron sí y la criatura quedó lista para presentarse ante el Senado: habrá ley extraordinaria para solucionar sin estridencias (y con las debilidades jurídicas en sordina) el problema de la inestabilidad laboral de 37.000 interinos del Insalud. Y a esa ley podrá sumarse, siempre que le convenga, la comunidad autónoma andaluza: unas 24.000 personas están pendientes de que, efectivamente, al SAS sí le convenga. Tras negociar 193 enmiendas, el texto pactado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto el vasco, que se abstuvo, nace con un blindaje casi impenetrable a prueba de impugnaciones: es ley y, además, básica. Esto es, es mucho más difícil técnicamente de cuestionar que un decreto y, además, los procesos de adjudicación de plazas que se realicen en su ámbito de influencia tendrán que basarse en ella. El proyecto de ley, que se prevé preparar para su publicación antes de final de año, garantiza, a lo largo de su artículo quinto, que el examen va a ser fácil y diseñado a la medida de los interinos de larga duración: los médicos tendrán que redactar una memoria sobre la descripición de su puesto de trabajo y, en las demás categorías sanitarias, “sobre los procedimientos prácticos más comunes”.
A pesar de los impedimentos jurídicos, la Consejería no descarta atender la petición del colectivo, aunque no sería con “efecto inmediato”
SEVILLA. El Gobierno andaluz está estudiando la fórmula jurídica y administrativa para hacer realidad una de las reivindicaciones de los interinos de la Junta y de los sindicatos UGT y CCOO: el reconocimiento retributivo de la antigüedad de este colectivo, cuyos miembros alcanzan en muchos casos más de diez años de experiencia en el servicio público. Sin embargo, fuentes de la Junta advierten que esta decisión “no tendrá efecto inmediato”. El principal problema al que la Junta deberá hacer frente es jurídico. La secretaria general para la Administración Pública, Presentación Fernández, reconoció a este diario que existen impedimentos legales que van más allá de la propia norma andaluza, en concreto la Ley de la Función Pública estatal. “Los complementos están establecidos en la ley y crear otro o una fórmula económica de compensación no es fácil, si bien no hay nada cerrado”, agregó. En contra, los sindicatos UGT y CCOO sostienen que hay fórmulas para crear un nuevo complemento retributivo que compense la antigüedad de los 3.500 interinos de la Administración General. Desde la Consejería de Justicia y Administración Pública se asegura que la propuesta está “en estudio”, si bien la decisión no es sólo del departamento que gestiona Carmen Hermosín, sino “de la Junta ”. “Existen muchas cuestiones a analizar”, apuntó Fernández. De hecho, cualquier resquicio legal en esta medida podría provocar nuevos recursos contra la decisión de la Junta, como ha sucedido con los presentados por el sindicato CSIF y funcionarios particulares contra las convocatorias de la Junta -paralizadas incluso desde 1998- para facilitar la consolidación de los interinos. Además, reconocer y pagar a los interinos el equivalente a los trienios de los funcionarios podría levantar recelos entre estos últimos, por lo que la Consejería pretende tener el respaldo de la cúpula del Gobierno andaluz. Una de las posibles soluciones podría venir de la mano de la futura ley de la Función Pública andaluza, pero ésta sería un salida “parcial” y muy a largo plazo. “Para entonces espero que esté resuelto el problema de los interinos”, aseguró Fernández, quien confía en que las resoluciones de los tribunales permitan desbloquear las convocatorias de la Junta para el acceso de este colectivo a la Función Pública. En el proyecto de ley de presupuestos para 2002 no consta ninguna partida para este concepto. Fuentes de la Junta negaron tener información sobre la posibilidad de que en la tramitación parlamentaria de la ley se incluya alguna enmienda al respecto.
Madrid, 12 de octubre de 2001
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por el que se establece un proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en el ámbito del Instituto Nacional de la Salud (Insalud).
Este Proyecto de Ley, que tiene su origen en un acuerdo con la mayoría de los sindicatos con representación en el Insalud, tiene como finalidad ofrecer la oportunidad para que el personal temporal que presta su servicio en el Instituto pueda consolidar una relación estatutaria con carácter fijo, solucionar el problema de la movilidad de los propietarios y asegurar la continuidad asistencial a los ciudadanos.
Este Proyecto de Ley beneficiará a las 37.225 personas que forma el colectivo del personal sanitario y no sanitario temporal del Insalud, de ellos 5.000 facultativos especialistas, y pone fin a un problema que tiene su origen a finales de los años 80, generado, en buena medida por el crecimiento de los dispositivos asistenciales públicos en los últimos años. Además, este proyecto permite propiciar un traspaso de competencias sanitarias normalizado y cohesionado en materia de personal.
Procedimiento extraordinario
El acceso del personal interino a la condición de estatutario fijo se llevará a cabo en dos fases a través de un sistema de concurso-oposición respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad. La primera fase del sistema de selección consistirá en la superación de un concurso-oposición para cada categoría y especialidad, en el que se valorará la antigüedad por los servicios previos prestados en el Insalud y en los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas con la sanidad transferida.
Quienes superen el proceso selectivo accederán a la condición de personal estatutario en expectativa de destino. En la fase de provisión de plazas, el Insalud realizará las convocatorias para la provisión de plazas de personal estatutario fijo para cada categoría y especialidad. El procedimiento está abierto al personal fijo que desee un traslado. La vigencia de esta norma finalizará una vez terminado este procedimiento extraordinario de consolidación de empleo.
Comisión de seguimiento tras las transferencias
Este proceso extraordinario de consolidación de empleo continuará desarrollándose aún cuando se hubieran producido las transferencias sanitarias a las Comunidades Autónomas. Para ello, se constituirá una Comisión de Seguimiento y Coordinación que será la encargada de llevar a cabo los trámites necesarios para el desarrollo y finalización de las convocatorias.
Aunque está previsto, en principio, únicamente en el ámbito del Insalud, la tramitación del Proyecto de Ley posibilita que se extienda al ámbito de aquellas Comunidades Autónomas con competencias sanitarias transferidas.
MADRID. A. Aguirre de Cárcer
El Consejo de Ministros remitirá hoy al Parlamento el proyecto de ley que establece un proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas fijas, con el que pretende solucionar el problema de interinidad que afecta en el Insalud a casi 37.000 trabajadores, 5.000 de ellos médicos especialistas. El Gobierno quiere aprobar la ley antes de fin de año y del traspaso de las competencias sanitarias.
La alta tasa de temporalidad en el empleo existente en el Insalud, la más
elevada de la Administración pública, es un problema enquistado
en la sanidad pública desde finales de los años 80, que genera
inseguridad a casi 37.000 trabajadores interinos, desencadena conflictividad
laboral y plantea problemas en la calidad asistencial. Sin embargo, todos los
intentos desde 1997 para solucionar el problema con ofertas públicas
de empleo en el Insalud apenas han dado resultados, ya que la mayoría
han sido recurridas judicialmente.
Este hecho, junto al progresivo aumento de prestaciones del sistema nacional de salud, ha provocado un incremento constante del personal interino. De los 16.504 facultativos especialistas del Insalud, 5.598 son interinos. Entre personal sanitario y no sanitario se contabiliza actualmente 36.839 trabajadores que no forman parte del personal estatutario fijo, lo que supone un 27 por ciento de todos los trabajadores contratados por el Insalud. Algunos médicos del Insalud se encuentran en esta situación de interinidad desde hace 17 años.
El proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Sanidad, que hoy será analizado y remitido al Parlamento por el Consejo de Ministros, pretende solucionar este antiguo y grave problema antes del próximo día 1 de enero, de tal forma que coincida con el traspaso de competencias sanitarias y no sea heredado por las diez Comunidades Autónomas que recibirán las transferencias del Insalud. El proyecto de ley llega precedido del acuerdo mayoritario alcanzado y firmado el pasado 2 de agosto con los sindicatos representados en la mesa sectorial del Insalud (UGT, CC.OO, Satse, CSI-CSIF y SAE), pero con el desacuerdo de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que decidió analizar la solvencia jurídica de la propuesta, por sus dudas sobre puntos que atañen al principio de igualdad en la convocatoria de provisión de plazas y que, a su juicio, podrían ser considerados inconstitucionales. En este apoyo o rechazo al proyecto de ley tiene también especial peso la postura de la Asociación Nacional de Facultativos Interinos Especialistas (Anfie), aunque no está representada en la mesa sectorial.
Durante el último pleno del Consejo Interterritorial de Salud, los consejeros de salud de las Comunidades gobernadas por el PSOE calificaron de satisfactorio el proyecto de ley y aseguraron que el partido socialista no bloquearía su tramitación parlamentaria. El consejero extremeño pidió que se analizaran los aspectos legales para evitar la judicialización de esta norma en el futuro. Y el consejero andaluz, Francisco Vallejo, solicitó a la ministra Celia Villalobos la posibilidad de que las Comunidades que ya tienen asumidas las competencias sanitarias pudieran beneficiarse de esta iniciativa. Aunque el proceso extraordinario de consolidación de empleo se ciñe exclusivamente al ámbito del Insalud, la reclamación de la Junta de Andalucía podría lograrse durante el inminente trámite parlamentario.
Nuevos apoyos al plan del Insalud para la consolidación del empleo
El Sistema Nacional de Salud parece cerrar filas para resolver de una vez la
inestabilidad del empleo. El plan formulado por el Insalud ha recibido nuevos
apoyos autonómicos en el transcurso del último Consejo Interterritorial.
En el Pleno se han oído
voces favorables a la elaboración de una norma básica a la que
se puedan adherir las autonomías transferidas y a la obtención
de máximas garantías jurídicas en el articulado. El Pleno
también ha respaldado el informe de los expertos sobre esperas.
El proyecto de ley elaborado por el Insalud para establecer un proceso extraordinario de consolidación de empleo ha recibido el respaldo explícito de Andalucía y Canarias en el transcurso del último Pleno del Consejo Interterritorial. Francisco Vallejo, consejero andaluz, confía en lograr el máximo acuerdo para elaborar una norma básica a la que se puedan adherir las autonomías transferidas.
El consejero de Sanidad de Galicia, José María Hernández Cochón, también mostró ayer su voluntad de respaldar un proyecto normativo global, informa Xavier López. El consejero explicó a este diario que la convocatoria extraordinaria de consolidación de empleo permitirá reducir al máximo el porcentaje de interinidad en la plantilla pública, de manera que, a continuación, pueda organizarse una oferta pública de empleo (OPE) de carácter anual para proveer nuevas plazas y facilitar la movilidad de los propietarios.
Plan valenciano
La Comunidad Valenciana ha mostrado interés por el proceso, si bien ayer
recordó a DM que cuenta con un plan propio de estabilidad laboral a largo
plazo. "Mientras la ley nacional no interfiera en los planes pactados con
los sindicatos, vemos bien la iniciativa", aseguró un portavoz oficial
de la Consejería de Sanidad.
Desde las filas de las autonomías del Insalud se insiste en lograr la máxima garantía jurídica, aun a riesgo de incurrir en retrasos. "El Gobierno debe tener cintura para alcanzar consenso y tratar de agotar todos los pronunciamientos de los servicios jurídicos del Estado sobre la eficacia de la norma", aconseja Guillermo Fernández Vara, consejero extremeño.
Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad continúa trabajando en la búsqueda de apoyos tanto políticos, con los grupos del Congreso de los Diputados, como institucionales, con los gobiernos autonómicos, para articular una respuesta común al problema.
Las condiciones que debería respetar la ley son, según el consejero Vallejo, su viabilidad jurídica para impedir posibles recursos, el respeto al principio de igualdad en el acceso al empleo, que tenga agilidad burocrática para mejorar el diseño de OPE tradicionales y que permita la incorporación de las autonomías transferidas.
Pacto de estabilidad
El escaso orden del día del Pleno -esperas e interinos- ha permitido
abordar otros asuntos en el turno de ruegos y preguntas como la preocupación
de los consejeros socialistas por el estado de las negociaciones del pacto de
estabilidad en materia farmacéutica y por el destino de los fondos que
previsiblemente aportará Farmaindustria.
Otra vez Vallejo, convertido en el auténtico portavoz del bloque socialista, se ha quejado de falta de información sobre la negociación y ha insistido en que el dinero de la industria farmacéutica debería redundar en los servicios de salud.
El dinero sigue gravitando en la actualidad sanitaria, no sólo por la
conclusión del proceso transferencial o por los fondos inútilmente
pedidos por consejeros socialistas para financiar mejoras en la gestión
de las esperas -Sanidad dice que no hay más cera-. También por
las consecuencias que el acuerdo de financiación autonómica suscrito
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a finales de julio. El
Ministerio de Sanidad debatirá con las autonomías las consecuencias
que el nuevo modelo económico tendrá en el ámbito sanitario
en un próximo pleno que, recuperando mejores tradiciones, ya no se celebrará
en fin de semana y pasará a los habituales lunes.
Europa Press, 09.54 27 de septiembre de 2001
Sindicatos andaluces y SAS firman un pacto para consolidar las plazas del personal
estatutario interino
El secretario del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Angel Pizarro, informó
hoy sobre el acuerdo firmado por unanimidad entre todos los sindicatos presentes
en Mesa Sectorial y Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que la comunidad autónoma
andaluza se sume al anteproyecto de ley elaborado para consolidar y proveer
"con carácter extraordinario y excepcional" las plazas de personal
estatutario interino del Insalud.
Por su parte, el director general de Personal y Servicios del SAS, Rafel Burgos, subrayó la importancia de haber alcanzado un "consenso unánime" sobre este proceso, "para que desde el punto de vista técnico cuente con las garantías que permitan su aplicabilidad y, en definitiva, solucionar el problema de la inestabilidad en el empleo de los interinos de distintas categorías".
De otro lado, el portavoz del SMA indicó que los sindicatos sanitarios andaluces han aconsejado algunas "modificaciones" sobre el texto del Insalud, aunque, tal y como manifestó el portavoz sindical, "Andalucía no podía quedarse descolgada de este proyecto, que incluía la posibilidad de adherirse a las comunidades con las competencias sanitarias transferidas".
Sobre las modificaciones acordadas, Burgos destacó "la necesidad de garantizar que el proyecto sea viable jurídicamente, garantizar la aplicación de la ley en Andalucía, por lo que debe tener carácter de norma básica, y evitar discriminaciones negativas para los trabajadores de la comunidad autónoma andaluza".
Asimismo, el acuerdo recoge además la necesidad de que este procedimiento de carácter excepcional sea más ágil que el ordinario. A este respecto, Burgos subrayó que SAS y sindicatos "han acordado además desarrollar la preparación de temarios y desarrollo de futuras ofertas pública de empleo en Mesa Sectorial, de forma que los procedimientos ordinarios no se queden paralizados hasta que se celebre el de carácter extraordinario para interinos".
Por su parte, el portavoz del SMA explicó que, si bien el anteproyecto debe superar una serie de trámites administrativos, así como la consulta en el Parlamento, "parece que hay voluntad política de que esta iniciativa salga adelante, lo que supone un importante avance para el personal interino".
El proyecto de ley de OPE especial estará en el Parlamento en breve.
El Insalud explicó ayer en un encuentro con la prensa que el proyecto
de ley de consolidación de empleo será aprobado por el Gobierno
el mes que viene para su inmediato envío al Parlamento. El texto avalado
por la mayoría de los sindicatos no experimentará cambios hasta
que comience el debate en las cámaras. El instituto espera que, al menos,
Galicia, Valencia, Canarias y Andalucía se sumen a la convocatoria especial.
La Dirección General del Insalud celebró ayer un encuentro con
los medios de comunicación para explicar cómo marcha la confección
de la ley que pondrá en marcha un proceso de consolidación de
empleo y movilidad especial en su territorio. Juan Luis Gordo, subdirector general
de Personal expuso el calendario que se está siguiendo: en octubre se
espera que el Consejo de Ministros apruebe el anteproyecto de ley, que será
remitido al Parlamento con la intención de que la ley sea tramitada por
vía de urgencia. Esto último deberán acordarlo los grupos
parlamentarios.
A partir de ahí comenzará el debate del texto, que es el aprobado por la Mesa Sectorial el pasado mes de agosto. Tanto Gordo como el director general del instituto, José María Bonet, esperan que en la negociación con las fuerzas políticas se aprueben mejoras técnicas. Los objetivos principales que se han propuesto son lograr la máxima viabilidad jurídica del texto y que el resto del Sistema Nacional de Salud (SNS) se sume a la iniciativa y se comprometa a convocar procesos bajo las mismas condiciones, con lo que se evitaría que personal temporal de fuera del Insalud acudiera en masa a la oferta del instituto y restase posibilidades de consolidación de empleo a los interinos de la red no transferida. Bonet explicó que, debido a motivos estructurales y de idiosincrasia de ciertas administraciones, como la vasca o la navarra, el horizonte más realista está en que la iniciativa sea aceptada por Galicia, Valencia, Canarias y Andalucía. (...)
